Lo que sigue es una especie de contestación a un articulillo que apareció el día 13 de Marzo de 2012 en un rotativo de circulación nacional a propósito de movimiento anti-chapulineo en Nuevo León.
En él, su autor, defendía la tesis de que un servidor público puede ir brincando a otro puesto si así le conviene. Basado en dos argumentos:
"1. Porque en la democracia representativa no existe el "mandato imperativo", lo cual significa que un ciudadano, en lo particular, no puede obligar a su representante a terminar su encargo; y
2. Porque favorece la democratización y la movilidad en el reclutamiento de la clase política." (Cfr. "En defensa del chapulineo", M. Tijerina, El Norte, 13-03-12)
Más allá de que se intente disfrazar esta cuestión con un ir y venir de palabras de leguleyos y chupatintas de "mandato categórico", "ingeniería constitucional" y toda la serie de leyes hechas siempre por el propio poder para dialogar consigo mismo, quizá la cosa se simplifica más si recordamos que nadie le está pidiendo a la señora alcaldesa que termine con su mandato. Yo por lo menos no. Tanto me molesta que dicha señora esté aquí o esté allá, siendo que en cualquiera de las dos partes hace un daño inmenso. Aunque, como digo siempre, los casos y nombres particulares siempre son distractores muy efectivos para evitarnos ver la cuestión de fondo.
Para empezar, valdría mucho la pena recordar que el estatus de ciudadano en el Estado es justamente eso: un estatus. No es una cosa dada simple y sencillamente por existir y pisar este suelo mexicano. Es decir, se trata de una especie de contrato establecido entre La Realidad sustentada en el Estado y la gente, que gracias a ese contrato se vuelve servil. Por ello, ya en otra ocasión me quejé aquí del propio concepto de ciudadano, siempre rastrero ante el poder, y el otro de pueblo, que ese no se sabe ni bien qué es ni cómo se pueda manejar. Ese contrato conlleva ciertas especificaciones de obligatoriedad a cambio de ciertos derechos. Es un intercambio, de eso nunca se duda, porque el Estado no da nada nunca gratis y por esas cosas tan aparentemente inocentes de dejarse empadronar y nombrar y constituir como persona -para que ya no sea uno pueblo, sino número, nombre y apellido y de esa manera no tenga más remedio que tener que estar constantemente preocupándose por el mantenimiento fervoroso de ese nombre y número-, se le otorgan cosas tan pusilánimes como el derecho del libre tránsito -dentro del territorio que compete a tal Estado, porque más allá, no lo puede asegurar-, permiso de trabajar dentro de sus linderos, permiso para votar, permiso para ser votado, etc. Claro que este acuerdo se rompe según que casos. Ya ven ustedes que aquel que se atreva a hurtar lo que no era suyo, inmediatamente, pierde el derecho del libre tránsito y va derechito a chirona, al bote, a la trena, en fin... ya saben.
(Acaso alguna vez tendremos que hablar de cómo se construye la imagen de la libertad ciudadana -cosa absolutamente contradictoria-, única y exclusivamente a través de la diferenciación con los presos, los ilegales, los marginados o los esclavos de la antigua democracia Griega. Es decir, solo mediante la contemplación de estos esperpentos de la sociedad es como el ciudadano modelo puede realmente creer que, dadas las condiciones de su contrato con el Estado, es libre).
Bueno, pero volviendo al tema. Entre esas prerrogativas que el Estado entrega a sus ciudadanos esta esa que se encuentra en el ojo del huracán ahora que empieza esta estúpida festividad de la democracia representativa: el derecho de ser votado. Y claro, a esta señora alcaldesa que por angas o mangas -que las particularidades, como dicho queda, ni nos van ni nos vienen-, se le ha arrebatado el derecho de ser votado porque pierde el estatuto de ciudadano si acaso se le ocurriera renunciar a su cargo de alcaldesa. Cfr. Capítulo IV, del Título Primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el artículo 38 y 36, así como los art. 55, 127; e igualmente el inciso f) del apartado 1, del art. 7 de el COFIPE.
La ley está inscrita así, el contrato está escrito así. Resulta que esa es el fatídico destino por haber nacido en esta democracia representativa, que somos ciudadanos y estamos regidos por tal contrato.
Claro que, inmediatamente, el redactor del artículo, sabiendo que en el fondo de la cuestión es esto lo que se oculta -a pesar de haber gastado la mitad de su texto hablando sobre "mandato categórico"-, ofrece la solución. Algo que muy pedantemente llama "ingeniería constitucional", un vocablo muy chistoso, sobre todo si tomamos en cuenta que viene de un hacedor de publicidades. Esta "ingeniería constitucional" no sería otra cosa que modificar las leyes. Simple y sencillamente. Pero claro, ese vocablo de "ingeniería" que lo hace parecer tan moderno y profesional, parece sonar menos aparatoso que reformas y enmiendas a la Carta Fundacional del Estado. Claro que él no lo dice sin fundamento: Esa ingeniería de chupatintas vendría a fincar los procedimientos democráticos para la elección de nuestros mandamáses de turno. Osease, la profesionalización de la política. Bueno, la cuestión aquí es simple y sencilla. Tal y como está el panorama en la llamada "clase política" -un término repugnante, ya que da por sentado que hay una diferencia entre gobernados y gobernantes, es decir, los que hacen la política y los que no nos queda más remedio que sufrirla-, lo único que haría un sistema semejante sería todavía concentran con más virulencia el ir y venir de los apellidos de los mismos. ¿O no habrá en su institución partidista de turno, un buen mozo o moza que esté dispuesto a dar y entregar su trabajo y esfuerzo por el bien del VII Distrito Federal y justamente tienen que llamar a la fila a un alcaldesa en funciones? Si de democratizar las instituciones se trata...
Y aún más peligroso que esa ironía, es el hecho de que aquí nuestro articulista de por sentado lo que ya muchos clamores solicitan en esta democracia representativa: la profesionalización de la política. Que aunque parece un inocente reclamo porque sus servidores públicos sean eficaces, en realidad, parece estar clamando por la institucionalización de esa separación entre goberantes y gobernados, y recalcar el hecho de que la política es la mera administración de la ciudad, es una mera economía del Estado. Cuando la política tendría que ser otra cosa.
Pero ya lo decía la canción: "¡Ay, perogrullo, / si tuvieran las cortes / consejo tuyo!". ¿Valdrá la pena recordar una vez más eso que decía Aristóteles allá por los 400 antes de nuestra era, esas verdades de Pedro Grullo: Que la ciudad no es una casa. Que la pólis no es oikós y que como tal la política no puede ser economía. Y por lo tanto hablar de políticos profesionales es hablar de la constitución misma del régimen de la Realidad que estamos padeciendo, y contra lo que desde aquí, como se pueda y podamos, estamos en pie de guerra de palabras.
P.D.
Y que quede constancia que a esa alcaldesa en lo particular no le deseo mal alguno, que luego se prestan estos escritos a maledicencias y venganzas entre ciudadanos. Aquí se intentó -se logró o no, quién sabe- hablar como si fuera cualquier otro. E inclusive, si bien le asienta, le digo yo que si no fuera por la entrega de La Pastora a las garras de ese consorcio de muerte y meados embotellados llamado FEMSA, hasta la habría considerado igual de mediocre y sin lucimiento ni especial vergüenza como tantas otras a la zaga y que le seguirán después.
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